Escrito por Tamara Samudio
En las últimas semanas el desempeño del ministro Luis Alberto Heber ha sido objeto de críticas en medio del tratamiento de una moción de censura en su contra en la Asamblea General. Esta moción se basa en el artículo 147 de la Constitución, que establece que las cámaras del Parlamento pueden evaluar la gestión del ministro y reprobarla.
El Ministerio del Interior es una cartera de gran visibilidad, en la cual su gestión está expuesta a críticas extendidas en la opinión pública debido a hechos sensibles que son ampliamente mediatizados. La inseguridad, en particular, ha sido desde hace años una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía. Los datos de la última cosecha evidencian que casi el 20% de las personas la considera el principal problema del país.
En este gobierno, la defensa de la gestión del Ministerio del Interior ha estado centralizada en la figura de Luis Alberto Heber, quien frecuentemente se presenta en los medios para respaldar las acciones realizadas por la cartera y valorar positivamente los resultados obtenidos.
No obstante, la opinión pública se muestra crítica al evaluar la gestión del gobierno en materia de seguridad. Según nuestra última encuesta de otoño, el 41,9% de los encuestados considera como muy malos o malos los resultados del gobierno en cuanto a la seguridad pública.
Además, la amplia exposición del Ministro puede haber generado un mayor desgaste de su imagen. Mientras que en nuestra encuesta de otoño del año 2022, el 46,5% de los encuestados evaluaba negativamente su gestión, esta desaprobación ha aumentado al 49,5% para el año 2023. Asimismo, la aprobación de su gestión ha disminuido del 29,1% en otoño de 2022 al 22% en el año 2023.
A pesar de los cuestionamientos, el Parlamento y el propio presidente han ratificado la continuidad de Luis Alberto Heber al frente del Ministerio, respaldando su gestión.
Es importante tener en cuenta que los datos oficiales muestran descensos en los delitos de rapiñas, hurtos y abigeato, lo cual es considerado como un éxito en la política de seguridad implementada por el gobierno. Sin embargo, también es necesario considerar que estos datos provienen de registros administrativos y reflejan solo una parte del fenómeno.
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